¿Por qué odian la universidad pública?

 • El Presidente no dice que odia las universidades públicas porque sabe que nos han enseñado a odiar todo lo público, a odiar la Argentina, a despreciar todos nuestros logros, nuestra historia y lo que somos, pero todavía no consiguieron que el odio a la universidad prenda.

 

Por  Ezequiel Adamovsky

 

Estudiantes en una clase pública, frente a la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). EFE

20 de octubre de 2024  Diarioar

En estos días presenciamos una movilización inédita de los estudiantes universitarios, acompañada de huelgas importantes de docentes y no docentes. La preocupación del gobierno es evidente. El ataque redoblado a las universidades que estamos viviendo nunca se ha visto en este país. Para Milei, están llenas de “chorros” y “delincuentes”. Nada menos. La mentira oficialista es abrumadora: contra toda evidencia, el presidente, sus funcionarios y los periodistas afines continúan diciendo que no se auditan y que no dejan que las auditen. El dato es falso y ya se explicó hasta el hartazgo: las universidades realizan auditorías internas constantemente y no tienen ninguna facultad para impedir que se realicen auditorías externas. El Estado puede hacer todas las que quiera. Por ley, esa tarea corresponde a la Auditoría General de la Nación, que cada año audita a una serie de universidades. Este mismo año está auditando y tiene ya previstas qué universidades auditará en 2025. ¿Podría auditar más seguido? Claro. Ojalá lo hiciese mucho más, a todas, todos los años. Pero para eso tendría que tener más personal especializado y recursos. Auditar cuesta tiempo y dinero. Pero nuestra derecha quiere que las cosas funcionen por arte de magia: quiere desmantelar el Estado y que luego sea ultra eficiente. 

También insisten con el dato falso de que los estudiantes universitarios son ricos o de clase media alta. Es al revés: las universidades públicas reciben una mayoría de estudiantes de hogares pobres o de clase media baja que no podrían pagar las privadas, que son las que prefieren los ricos. Toda esta información es bien conocida. Si dicen lo contrario es sencillamente porque quieren mentir. Como si fuera poco, el Gobierno está mandando a la policía a hostigar a los estudiantes y a provocadores civiles a agredirlos. El caso del que mandaron a la UNQui y arrojó gas pimienta a los asambleístas está documentado con nombre y apellido. Es gravísimo y no pasa nada. La prensa continúa dando aire a las mentiras del gobierno. El diario Clarín, en su tapa, presentó el incidente de la UNQui exactamente al revés: informó que los agresores fueron los agredidos. Vivimos una época de mentira abrumadora, implacable.
Toda esta mentira está puesta en función de correr el eje de discusión y que perdamos de vista un dato elemental: la inversión nacional en educación cayó un 40% este año en comparación con 2023. Es la caída más grave en cuarenta años de democracia: supera incluso la de 1992, cuando el país sufría los efectos de una hiperinflación y de otro gobierno destructor de lo público. La saña contra la educación es tal, que este año recibió un ajuste mucho mayor que el resto del Estado (el recorte global fue del 21,1%, la mitad del que padece la educación). Dime en qué no inviertes y te diré qué no valoras. O qué detestas, en este caso. De toda la educación, el nivel primario es el que más se desfinanció, con lo que queda claro que esa idea que repiten, que recortan en universidades porque los otros niveles son prioritarios, es otra de sus mentiras.

De Milei pueden decirse muchas cosas, pero puede reconocérsele una virtud: suele decir lo que piensa. Quiere “destruir el Estado desde dentro” y lo dice. Odia la idea de “justicia social” y de igualdad de oportunidades y lo dice. Pero en el caso de las universidades públicas la sinceridad le falla. No dice que las odia, que quisiera que no existan y que solo hubiese universidades privadas. No se anima a decirlo abiertamente. Sabemos que lo piensa: antes de ser candidato a presidente lo decía claramente: no cree que exista ningún derecho a la educación. Piensa que la educación pública, en todos los niveles, realiza un mero “adoctrinamiento”. Está resentido de que quienes estudian economía aprendan sobre autores que se estudian en todas las universidades del mundo, pero no son los que él prefiere. 

No dice que odia las universidades públicas porque sabe que nos han enseñado a odiar todo lo público, a odiar la Argentina, a despreciar todos nuestros logros, nuestra historia y lo que somos, pero todavía no consiguieron que el odio a la universidad prenda. Lo dicen las encuestas: en un país en el que todo está desprestigiado, la universidad pública todavía conserva una altísima imagen positiva. En el ranking de confianza, la gente confía casi nada en los partidos políticos (solo un 6%), casi nada en las grandes empresas o los medios de comunicación (7% y 20%), poco en el Congreso o la Corte Suprema (11% ambos), pero mucho en las universidades públicas: un 72%. Esa confianza viene de la cercanía que tienen, justamente, porque son las que cobijan a cientos de miles de pibes que son los primeros de su familia en poder estudiar. Y también, del éxito del sistema universitario argentino, que con una inversión por estudiante bastante baja, tiene a varias de sus casas de estudio entre las mejores de Iberoamérica y bien ubicadas a nivel mundial, según todos los rankings.

Es eso lo que necesitan terminar de destruir para que avance el proyecto que Milei trae entre manos, que no es otra cosa que demoler todo lo que no esté orientado a generar ganancias, eliminar todo lo que no obedezca 100% a la lógica dictatorial del mercado, hacer inviable cualquier proyecto de vida que se salga de esos carriles. Convertir la Argentina en una playa de estacionamiento para empresarios. Que deje de ser un país, una nación, habitada por gente con un mínimo de dignidad y derechos y la expectativa de bienestar. 

El gobierno asegura que no va a cerrar universidades ni arancelarlas. Pero hay muchas formas de destruirlas. Destrozar los salarios de sus docentes y trabajadores es la más sencilla y artera. Ya estamos viendo las consecuencias: algunos de sus mejores profesores ya están renunciando, hartos del maltrato salarial y político. La Facultad de Agronomía de la UBA ya lleva perdidos más de 30 este año y la tendencia se reportó también en Jujuy y en otros sitios. 

Lo que se pierde en educación superior e investigación son recursos que cuesta décadas formar, pero un minuto en destruir. El movimiento estudiantil lo comprende: la resistencia que vemos en estos días es conmovedora. No hay dudas de que cada vez más sectores de la sociedad entenderán que no merecemos esta destrucción, que daña al país entero para beneficiar a unos pocos. Ojalá la reacción llegue a tiempo.