Contradicciones y tensiones al interior del campo popular.
El politólogo y Dr. en Estudios Sociales Nicolás Forlani, afirma que analizar la conflictividad socio ambiental desde una perspectiva situada e interesada en la consolidación de un proyecto de desarrollo nacional, constituye un asunto de orden político urgente e inaplazable.
Por Nicolás Forlani*
(para La Tecl@ Eñe)
La conflictividad socio ambiental registrada en la argentina contemporánea expone diversos lenguajes de valoración en torno al ambiente. “Bienes comunes”, “recursos naturales”, “materias primas”, constituyen entre otras referencias, modos disímiles de significar la casa común que habitamos.
Estas construcciones discursivas entraman una multiplicidad de modos de uso y apropiación de los territorios que, tal como quedó evidenciado en el proceso contencioso de Chubut, muestra tensiones y contradicciones existentes respecto de qué hacer en materia de ambiente y desarrollo productivo.
Analizar tales controversias desde una perspectiva situada e interesada en la consolidación de un proyecto de desarrollo nacional constituye, por la envergadura de lo que está en juego, un asunto de orden político urgente e inaplazable.
Empate hegemónico y conflictividad socioambiental
Buena parte de la literatura académica del siglo XX, especialmente desde la sociología crítica, constata una disputa que lejos de saldarse en el siglo en curso, adquiere renovadas dimensiones. Nos referimos al empate hegemónico entre los promotores de una argentina diversificada en su matriz productiva y con un Estado abocado al reconocimiento de derechos y la inclusión social versus el proyecto de una élite conservadora que, añorando los privilegios de la época del “granero del mundo”, insiste en la renovación de un Estado gendarme garante de la explotación-exportación de recursos naturales y el libre albedrío para la especulación financiera.
Según adelantamos, el devenir del siglo XXI estuvo nuevamente signado por una correlación de fuerzas que no logra fijar el sentido común ordenador de la sociedad argentina, alternando entre experiencias gubernamentales progresistas-democráticas y auténticas expresiones neoliberales. Sin embargo, el período refleja una continuidad: la profundización de lógicas neoextractivistas en materia de explotación de la naturaleza, sobre la que se ha constituido una preocupación socioambiental que a fuerza de irrumpir en distintas arenas sociales ha logrado instalar la cuestión ambiental como un asunto de debate público.
Una lectura en clave de lo político de la conflictividad socio-ambiental emergente debiera permitirnos avizorar en las disputas que se multiplican frente a la megaminería, el avance del agronegocio o el fracking (solo para nombrar algunas de las lógicas productivas modernas cuestionadas por sus impactos ambientales negativos), una oportunidad para rediscutir el rol de la argentina en el orden internacional así como los patrones de acumulación sedimentados en el país. Dicho en otros términos, la cuestión ambiental puede constituirse en un campo propicio para actualizar la disputa hegemónica, esta vez con un horizonte prometedor para el conjunto de fuerzas sociales que integran el campo popular-democrático.
Sin embargo la posibilidad de capitalizar tal oportunidad está circunscripta a la capacidad de convertir las contradicciones y antagonismos vigentes al interior de las fuerzas populares, en tensiones creativas que permitan proyectar formas sostenibles de aprovechamiento de nuestros territorios. Semejante operatoria supone per se un “desplazamiento” de las formas en las que se viene inscribiendo el debate público: “pachamamistas” vs “productivistas”.
Ambas formas de (des)calificación tributan en las aspiraciones de las fuerzas políticas neoliberales con las cuales, por cierto, no hay posibilidad alguna de propiciar políticas de cuidado ambiental ni de inclusión social. La caricaturización de “pachamamistas” de los actores sociales movilizados en la defensa del ambiente no permite reconocer una sensibilidad social en crecimiento que identifica a importantes sectores, especialmente juveniles, cuya fuerza y capacidad de movilización son indispensables en la disputa de poder. Pero, más aun, incorporar el reclamo por justicia ambiental permite actualizar la programática nacional y popular respecto de las banderas de la soberanía nacional y la inclusión social al ponderar la defensa de los bienes comunes y contemplar el resguardo de la vida y salud de los pueblos como asuntos no negociables.
A la inversa, el epíteto de “productivistas” con los que se tiende a asimilar a actores identificados con la tradición popular respecto de aquellos agentes asociados al neoliberalismo criollo, relativiza una diferencia no menor entre las experiencias gubernamentales progresistas y pro-mercado (a nivel nacional y subcontinental), como lo es la vocación de las primeras por capturar y distribuir los ingresos monetarios provenientes de la explotación de los bienes comunes. Asimismo, no reconocer la vocación democratizadora de las experiencias populares y su disputa histórica con la élite conservadora obnubila una dimensión estratégica del cambio social: emulando a J.W. Cooke, no es por sustitución del peronismo que se puede construir una sociedad a la altura de los desafíos del siglo XXI sino alcanzando una síntesis superadora.
Desarrollo sostenible: acuerdos para un uso responsable de los bienes comunes
¿Cómo avanzar en una síntesis al interior del campo popular para propiciar un desarrollo sostenible?, concretar un camino de crecimiento económico con inclusión social y reguardo de los bienes comunes requiere proyectar en el corto plazo ámbitos públicos-plurales en los que la relación sociedad-naturaleza ocupe el centro de la discusión. La transición hacia un paradigma de cuidado ambiental y promoción de derechos precisa de un desarrollo productivo que estimule la producción nacional al servicio de las mayorías populares: necesitamos impulsar el giro ecológico en la producción agrícola para producir mejores alimentos, necesitamos desarrollar un entramado productivo en torno al litio para allanar nuestra transición energética, necesitamos reducir y recuperar los materiales y energías vertidas en los procesos productivos y de consumo.
Semejantes desafíos demandan la participación y reconocimiento de los múltiples actores y actrices del campo popular. Propiciar el encuentro de activistas sociales, pueblos originarios, académicos, productores de la agricultura familiar, pequeños y medianos empresarios, trabajadores formales y de la economía popular es, además de una condición necesaria, una urgencia inaplazable para relanzar la vocación hegemónica del proyecto nacional.
Conviene, igualmente, tener presente que la articulación propuesta no constituye un punto de llegada sino una tarea compleja en la que las diferencias entre las partes no debe conducirnos a negar, una vez más, las tensiones existentes sino en hacer de ellas el ámbito propicio para potenciar modos democráticos de vinculación en nuestros territorios.
*Nicolás Forlani, Politólogo, Dr. En Estudios Sociales de América Latina. Integrante del Centro de Formación y Pensamiento Gènera.
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