Del paradigma de derechos humanos al retorno de los años `90: el colectivo de discapacidad marchó contra el intento del Ejecutivo de desfinanciar tratamientos. Mientras el Gobierno justifica el ajuste bajo la narrativa del “fraude”, miles salieron a la calle.
Por Laura Vales
23 de abril de 2026 - Página 12
(redes sociales)
Laura Aichino pasó quince años haciendo trámites y presentando reclamos para que su hijo Leandro, nacido con Síndrome de Down, tuviera una pensión. La obtuvo en el 2008, cuando el Congreso aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al sancionar una ley que cambió el paradigma, pasando de un modelo asistencialista a uno de derechos humanos. “Conseguirla fue un alivio, porque la preocupación de quienes tenemos hijos con discapacidad es qué va a pasarles el día que no estemos”, dijo Laura a Página/12 en la marcha en la que familiares, prestadores y transportistas hicieron ayer. Contó, sin embargo, que todo el andamiaje que hoy sostiene la vida de su hijo –el centro de día donde Leandro tiene sus amigos y hace deportes, sus varias terapias, incluso el subsidio que ella creyó poder dejarle de por vida– está ahora en peligro de ser borrado de un plumazo.
El Gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley de Discapacidad que volvería atrás en todas las conquistas conseguidas por el colectivo disca. Y se niega, mientras tanto, a cumplir con la ley vigente, es decir a pagar la deuda acumulada con profesionales, transportistas y centros de día, lo que ha provocado la suspensión de tratamientos y servicios esenciales.
El gobierno de Javier Milei ha bautizado a su proyecto como “Ley contra el fraude de pensiones por Invalidez”, asociando en un mismo título la palabra fraude con la invalidez. Se trata de un viejo mecanismo de engaño libertario.
Ya en los inicios de su gestión, el entonces vocero Manuel Adorni mostró la radiografía de la cola de un perro y aseguró que había sido usada para obtener una pensión por discapacidad. Era mentira -y Adorni lo sabía-, pero le permitió al gobierno montar una campaña sucia contra todo el sistema de prestaciones en discapacidad y dar de baja miles de pensiones.
Laura y su hijo vivieron en carne propia la consecuencia de aquella campaña. Los hicieron presentarse a revalidar el certificado de discapacidad de Leandro, pasar por una auditoría para demostrar que el chico con Síndrome de Down era titular legítimo de su certificado de discapacidad. “Fuimos a la entrevista. El funcionario que nos atendió, teniéndolo enfrente a Leandro con su síndrome, me preguntó si yo contaba con algún documento que acreditara su discapacidad. Fue realmente humillante. Creí que con aquella auditoría se terminaba el problema, pero hoy el gobierno vuelve con la idea de sacarle a los discapacitados el subsidio que les corresponde por derecho. Quieren volver al sistema anterior, para dar un subsidio sólo en el caso de que el discapacitado pueda demostrar que tiene una incapacidad laboral”.
No será el único cambio de aprobarse el proyecto libertario: también desregula los valores de las prestaciones, lo que rompe con la igualdad de acceso a los tratamientos. Es decir, quiere aplicar la ley de la oferta y la demanda a un sector social especialmente vulnerable. “Sería como volver a los ‘90, cuando teníamos que pagar de nuestro bolsillo la mayor parte de las terapias de nuestros hijos”, resume Laura.
“Milei: somos las terapeutas que no tuviste”
La protesta fue muy numerosa. Al mediodía, la plazoleta ubicada frente al ministerio de Salud ya estaba llena por completo. La rodeó el acostumbrado operativo policial de Alejandra Monteoliva, un despliegue de cientos de policías a los que el ministerio de Seguridad les encomienda la edificante misión de impedir que a algún ciudadano se le dé por cortar la calle.
Los manifestantes aprovecharon la avenida para desplegar a lo ancho de la 9 de Julio, cada vez que el semáforo se ponía en rojo, una bandera argentina. Otros mostraban a los automovilistas sus carteles, todos dedicados a Milei: “Gobernar no es quitar derechos”, “Sin financiamiento no hay inclusión”, Basta de abandono”, “Basta de crueldad”, decían. El clima de la calle fue de claro apoyo al reclamo. Bocinazos, gritos de respaldo y dedos en v se asomaron desde las ventanillas de los autos para solidarizarse con la lucha del colectivo disca.
Sobre la multitud de cabezas, otro cartel desafiaba: “Milei: somos las terapeutas que no tuviste de niño”.
-Si lo que espera el gobierno es que la discapacidad desaparezca, sería bueno que se enterara que eso no va a suceder-, opinó Cristina, dueña de un centro de estimulación temprana. -Tal vez crean que quitandole recursos al sector están ahorrando, pero se equivocan: sin atención va a aumentar la cantidad de personas que no se van a poder integrar.
Una delegación cruzó la calle para dejar un petitorio en el Ministerio. Estacionado contra la plazoleta, el acoplado de un camión hizo de escenario para un acto
¿Qué decía el petitorio? Expresaba el rechazo al proyecto de ley del gobierno y exigía el cumplimiento de la Ley de Emergencia vigente.
Desde el escenario, familiares y prestadores hablaron de la pesadilla que vive el sector. Además, remarcaron el cinismo de la Casa Rosada, que habla del “fraude de las pensiones por invalidez” mientras está siendo investigado por quedarse con el 3 por ciento del valor de las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad, una acusación que toca de lleno a la hermana del presidente, Karina Milei.
Para completar las cosas, resulta que el proyecto de ley para quitar las pensiones por discapacidad está firmado por el ministro de Salud y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el mismo que inició la campaña sucia mostrando la radiografía de la cola del perro, y que en estos días está comprometido por la compra de numerosas propiedades y a las puertas de un juicio por enriquecimiento ilícito.
Se acercaron a la protesta los diputados Horacio Pietragalla y Victoria Tolosa Paz, que anticiparon que el bloque de Unión por la Patria rechazará el proyecto. Desde el escenario tomó también la palabra la actriz Lola Berthet: “No tienen idea de lo que es abrazar a nuestros hijos con autismo cuando se desregulan porque no tienen la medicación que necesitan; de lo que es dormir a un niño neurodivergente; de lo que es ir a hablar a los colegios para que entiendan lo que es una persona con discapacidad,de lo importante que son las terapias en las infancias para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan dignidad y tengan una vida feliz, que es lo que se merecen. Las personas con discapacidad no son números”, señaló. “Si le dicen a mi hijo que es un fraude porque tiene un certificado de discapacidad, dígannos qué es quedarse con el 3 por ciento de Andis. Dígannos también dónde están los 120.000 millones de pesos que el año pasado se debían utilizar para cumplir la ley de emergencia discapacidad y que se los volvieron a robar”.
Cerró el acto Pablo Molero, coordinador del Foro. “No es un fraude que haya pensiones para personas con discapacidad, porque lo votó el Congreso. Nuestros representantes dijeron ‘queremos tener esta pensión para estas personas’, eso tiene muchos motivos y es una decisión que debe ser respetada. Cuando entregamos el petitorio en la mesa de entradas del ministerio, nos preguntábamos para qué hacerlo”, dijo. Y luego agregó: “A veces, uno ya no sabe si esta gente va a cambiar algo porque se le presente un reclamo, pero uno lo tiene que hacer igual. Y también tenemos que seguir manifestando. Si no estuviéramos aquí, les daríamos piedra libre para hacer lo que quieran. Entonces tenemos que seguir, tenemos que ser una piedra en el camino de esta gente, no para entorpecer el crecimiento del país, sino para no dejarles hacer cualquier cosa”.
