FISURA EN EL RELATO

Una de las medidas que concitó un consenso prácticamente unánime fue la conformación de la Suprema Corte de Justicia propuesta por Néstor Kirchner. El gobierno lo incorporó a su activo y lo difundió como uno de sus muchos aciertos. Cuando la Corte se expidió en contra de las leyes que el gobierno englobó bajo la denominación de “democratización de la justicia”, Cristina Fernández  excluyó  a la cúspide del Poder Judicial del activo de la gestión del kirchnerismo y lo pasó al pasivo. La bronca no es un buen metro para medir una situación. Este tribunal sigue siendo con todos sus deméritos, una de las medidas que el kirchnerismo debe seguir reivindicando.

Si se procede en forma diferente, como se ha hecho, se producen fisuras en el relato que resulta funcional y acomodaticio.

La explicación y la coherencia del relato es mucho más sencillo y directo.

La justicia es la última trinchera del poder económico, de lo cual no escapa aún el mejor tribunal.

El filósofo griego Protágoras, cuatrocientos años antes de Cristo, afirmaba que “la justicia es lo que el hombre rico dice que es”. Un dicho popular certero afirma que “la justicia es como las víboras: sólo pica a los descalzos.” O lo explicado en nuestro poema popular Martín Fierro: “La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico,/no la tema el hombre rico, no la tema el que mande,/pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos./ Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja,/el que la aguanta se queja, mas el asunto es sencillo,/la ley es como el cuchillo,/ no ofiende a quien lo maneja.”

La Corte mantuvo un  relativo equilibrio hasta que se vieron afectados sus intereses y canonjías propias. Cuando eso sucedió, actuó como proceden todas las corporaciones, en una sociedad muy corporativa como la argentina. Hugo Moyano llegó a sacar un comunicado a favor de Pedraza cuando fue imputado por el crimen de Mariano Ferreyra, en una clara posición corporativa. Los periodistas, hasta la Ley de Medios, no se criticaban porque decían que eso era hacer periodismo de periodistas.  Desde el programa radial El TREN, que inició su recorrido el 7 de julio del 2003, decidimos desde el primer día que cuando lo consideráramos  necesario no tendríamos impedimento para la crítica a colegas.

 Los empresarios, los escribanos, las fuerzas armadas, los abogados, los profesionales en el ejercicio de lo que se conocen como profesiones liberales, los dirigentes de fútbol; en fin, cualquier estamento en nuestra sociedad tiene reflejos corporativos.

La Suprema Corte que se designó fue la mejor dentro de lo posible, pero eso no implica que renunciara a sus reflejos corporativos. Y eso es insuperable. Que proceda de esa forma, siendo en última instancia, en situaciones límites, es como descubrir que las trabajadoras de un prostíbulo no son vírgenes. El presidente de la Suprema Corte, Horacio Lorenzetti, apuesta a una carrera política y sabe que los gobiernos pasan y Clarín queda. Y eso puede poner en duda su forma de actuar al expedirse sobre la evidente constitucionalidad de la Ley de Medios. Si Sergio Massa es el Capriles que busca el establishment, Ricardo Lorenzetti está en las gateras como la posible carta oculta.

Circula con cierto fundamento la posibilidad que la Suprema Corte al pronunciarse sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual intente mediar con lo justo y declararla constitucional pero dejando a Clarín manteniendo todos sus canales de cable, considerando ese espacio libre de la regulación del estado en cuanto al número de licencias.  

No es cuestión, entonces, de tirar el chico con el agua sucia de la bañera. Hay que  ganar la batalla cultural que deje en claro cómo funciona la justicia, incluso cuando el máximo tribunal que se ha designado rompe el proceso de democratización y se refugia en sus prerrogativas que van desde la exención de pagar ganancias, a ser la cabeza de una corporación que suele incluir a muchos miembros vinculados por lazos de sangre; que puede violar el artículo 114 de la Constitución, aduciendo que es fundamental para la gobernabilidad,  para quedarse con el manejo de los recursos económicos arrebatando funciones y derechos que son propios del Consejo de la Magistratura.

Los constitucionalistas, que siempre actúan como viudas de la Constitución cuando creen o simulan creer que está amenazada la propiedad privada, omiten todo comentario sobre esta irregularidad.

El mismo silencio mantienen sobre la violación sistemática de la mayor parte de lo enunciado en el artículo 14 bis, tal vez porque no han tenido tiempo de analizar el mismo, vigente desde hace apenas cincuenta y cinco años. 

El gobierno viene muy retrasado en relación a un cambio en el Poder Judicial, cambio que debería implicar terminar tanto con estamentos atravesados claramente por el poder económico como la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, así como con los jueces oficialistas, funcionales a los intereses de todos los gobiernos como Norberto Oyarbide.

Si desde el gobierno que la designó, se apostrofa a la Corte y desde el poder económico se la protege, algo se está haciendo políticamente mal. Desde el diario La Nación, símbolo mediático del establishment,  todos sus columnistas se dedican a acariciar a los Supremos. Sólo tomando a Joaquín Morales Solá en las últimas semanas, sus notas al respecto tienen los siguientes títulos: 16-06-2013 “ Un combate innecesario, una derrota inútil”; 19-06-2013 “Cristina sale a cazar jueces al voleo”; 23-06-2013 “La Corte y el Gobierno en su peor momento”; 30-06-2013 “Política de tierra arrasada”; 2-07-2013 “Ya no hay límites para la extorsión de Cristina”

La coherencia del relato implica seguir reivindicando lo hecho, una Suprema Corte con alto grado de independencia, y que las fisuras no están en las explicaciones sino en el papel que inexorablemente cumple el Poder Judicial en la lógica de un sistema capitalista.    

     

9-07-2013      

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