Sus páginas chorrean sangre. Del genocidio paraguayo, de los gauchos de
las provincias, del exterminio de los pueblos originarios. Su fundador,
Bartolomé Mitre, fue el representante de los comerciantes importadores
del puerto de Buenos Aires. Sus continuadores con el mismo apellido denostaron
a los inmigrantes y a su representación política, el Yrigoyenismo; y a los
descendientes de los derrotados de las guerras civiles argentinas del siglo XIX
que su fundador exterminó en gran medida y que en el siglo XX fueron
representados por el peronismo. La Nación es alérgica a todo lo que sea
popular, que denosta bajo el calificativo de populismo. Apoyó a todos los
golpes militares y fue cómplice y beneficiaria del terrorismo de estado.
A pesar de este formidable prontuario ultra resumido, es dispensadora
del reconocimiento académico y de determinados prestigios. Desde su tribuna de
doctrina se pontifica sobre moral, ética, instituciones, república, división de
poderes, etc, etc. Intelectuales del establishment, casi todos después de
atravesar el gelatinoso campo del progresismo, actúan de columnistas. Incluso
intelectuales del campo nacional y popular no desprecian como deberían la
letrina de doctrina.
Se alarman sobre la
posibilidad de juzgamiento del poder económico que alentó el golpe y luego fue
cómplice del terrorismo de Estado. Así el 22 de mayo editorializó bajo el
título de “Persecución a empresarios”: “Parecería que el objetivo
perseguido es la venganza y el revanchismo, y no la búsqueda sincera de la
verdad. La citación a indagatoria del presidente y de un ex gerente general de
Ledesma SA, una de las empresas argentinas más antiguas e importantes, ha
conferido notoriedad a este nuevo frente de acción judicial por los hechos de
violencia ocurridos en los años 70. La acusación es la de haber presuntamente
prestado colaboración a fuerzas policiales en redadas en cercanías de la planta
industrial jujeña, que implicaron el apresamiento, la tortura y, en algunos
casos, la desaparición o la muerte de personas. La citación comprendió a dos
directivos que pueden no haber participado directamente en los episodios, pero
a quienes se supone responsables por su posición en la compañía. La presión
política sobre la Justicia de ciertos sectores del oficialismo para que condene
a dirigentes empresarios en casos referidos a la violencia de los setenta ha
crecido enormemente. ……Existe una lista que abarca a varias empresas y a sus
directivos, entre las que se encuentran Loma Negra, Ledesma, Ford,
Mercedes-Benz, Acindar, Astarsa, Fiat, Tensa, Techint, Bridas, Perez Companc,
Alpargatas, Celulosa, Socma y el Banco de Italia. Son empresas que tuvieron
muertos o desaparecidos entre su personal. Se ha hecho saber que se las
investigará para esclarecer si en su momento sus directivos elaboraron listas
que hicieran llegar a las autoridades policiales o militares. Esta nueva
avanzada se relaciona con la intención de sectores radicalizados del entorno de
la Presidenta de hacer llegar la acción punitiva a los funcionarios civiles del
Proceso y a los líderes empresarios o intelectuales que le hubieran manifestado
oportunamente su adhesión. También se estaría investigando si las medidas
aplicadas desde el Banco Central por Domingo Cavallo, en 1982, generaron
beneficios exagerados a grupos económicos fuertemente endeudados. Al mismo
tiempo, se pretende analizar la conducta de directores de empresas estatales
durante el gobierno militar. Ninguna de estas iniciativas oficiales ni otras
apuntan, sin embargo, a investigar la actuación violenta de las organizaciones
armadas contra la sociedad civil. Debe recordarse que hubo durante los años
setenta miles de víctimas civiles inocentes causadas por la acción terrorista y
sus crímenes, entre ellas los asesinatos de directivos de empresas, jefes de
personal y empleados administrativos. Era frecuente en aquellos años que
empresas argentinas desplazaran sus administraciones centrales al Uruguay o al
Brasil por temor a los ataques terroristas. Casi todos los atentados se
planificaban con información elaborada internamente en las empresas por
empleados que, en ciertos casos, eran miembros o adherentes de los grupos
armados. No es extraño por lo tanto que en defensa de su personal se hubieran
creado o contratado servicios de seguridad y que se hiciera algún grado de
investigación dentro de su propio personal. Tampoco debería sorprender que las
empresas compartieran esa información con las fuerzas de seguridad o con las
Fuerzas Armadas, a las que un gobierno constitucional había encomendado
oficialmente la tarea de enfrentar al terrorismo. Los excesos, las muertes y
las desapariciones ilegales fueron conocidos en fecha muy posterior. Los
funcionarios civiles del gobierno tampoco eran informados sobre las acciones y
los procedimientos de la lucha antisubversiva. Es difícil, por lo
tanto, poder emitir un juicio sobre estas situaciones antes de demostrar, más
allá de toda duda razonable, el pleno conocimiento y la connivencia concreta y
directa de los funcionarios civiles y de las empresas acusadas con los crímenes
y delitos de la represión.
Esto es, haber conocido y compartido
inequívocamente el objetivo criminal de las conductas que conformaron las
posteriores violaciones inhumanas. El marco de las amenazas, agresiones y
ataques criminales sufridos los ponía necesariamente a la defensiva ante los
grupos armados terroristas….”. Cuando el que es juzgado es Jaime Smart,
Ministro del Interior del gobernador de la Provincia de Buenos Aires Ibérico
Saint Jean, La Nación editorializa el 23 de septiembre bajo el título de
“Persecución a Jaime Smart”: “Jaime Smart es acusado de ser responsable, en su
condición de ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, de las
acciones de la policía provincial contra la guerrilla terrorista. Para poder
hacerlo, 35 años después, no sólo se desconoce que fue ajeno a los hechos, sino
que también se violentaron los principios básicos de la justicia como el de
legalidad e irretroactividad de la ley penal. El doctor Smart tiene
un ganado prestigio por sus condiciones personales y profesionales. En
sus primeros años como abogado, se desempeñó en el Poder Judicial y, a
comienzos de los años setenta, se incorporó a la Cámara Federal Penal de la
Nación, que juzgó a miembros de los grupos terroristas que asolaban al país.
Las garantías de la defensa en juicio fueron entonces aseguradas y varios
condenados por aquella cámara recuerdan la extrema preocupación personal de
Smart porque así fuera. La historia posterior es conocida. El primer acto del
presidente Cámpora en mayo de 1973 fue la amnistía y la liberación de los
condenados y la supresión de la Cámara Federal Penal. El juez Jorge Quiroga,
que la integraba, pagó aquella actividad con su vida. Otros sufrieron atentados
o recibieron amenazas de muerte y debieron ausentarse del país. Uno de ellos
fue Smart. Queda confiar en que se haga justicia y que se disponga el cese
de la actual situación del doctor Smart. De lo contrario, no podrá evitarse que
muchos entiendan que casi cuarenta años después, por su actuación en la Cámara
Federal en lo Penal de la Nación, Smart sea perseguido por un gobierno en el
que algunos ex terroristas hoy se enseñorean en importantes puestos.”
Su jefe, el gobernador Saint Jean de quien era su ministro político,
había declarado: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego
mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a
aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los
tímidos".
El ensayista José Pablo Feinmann escribió en Página 12 del 15-02-2009: “Lo mismo con
Smart. Tan impune se sentía en 1976 que no se privó de nada. Las declaraciones
son las siguientes: La Nación, 12 de diciembre de 1976. Desenmascarar a quienes
armaron la subversión. La Plata (NA). “Tenemos el deber de desenmascarar a
quienes armaron a los delincuentes subversivos; porque si no, corremos el
riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras.” El ministro de
Gobierno había hablado por LS11 Radio Provincia de Buenos Aires. Con
entusiasmo, se había referido al reequipamiento de la policía bonaerense,
“manifestó que en los últimos ocho meses se invirtieron más de 1500 millones de
pesos, y que se aumentó el plantel de la dependencia en 30.000 hombres”. “En el
Ministerio de Gobierno (seguía el doctor Smart) hemos tenido siempre presente
la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión. Lo
cierto es que esa subversión no es la subversión meramente armada. Muchas veces
se equivocan los términos cuando se limita exclusivamente el de subversión al
combatiente que es abatido por las fuerzas del orden. En la subversión debemos
incluir a quienes armaron a esos combatientes, pues si nos ponemos a analizar
creo que son más responsables que los mismos combatientes.” Esos
responsables son los “profesores de todos los niveles de la enseñanza”. En
una escuela de Coronel Pringles se secuestró un libro que llevaba por título
“Educación y liberación”. “El gobierno de la provincia conoce perfectamente que
la subversión es ideológica y se desenmascaran estos casos (...) Ahora, ellos,
que en su momento los armaron, han dado un paso atrás tratando de pasar
desapercibidos. Una de las mayores preocupaciones es cuidar que en el ámbito de
la cultura no se infiltren nuevamente, o por lo menos que no tengan como en otra
época la posibilidad de accionar fácilmente y llevar a la subversión armada a
tantos jóvenes universitarios y secundarios que, día a día, caen en distintos
enfrentamientos.” Smart define como “subversivo” al combatiente “que es abatido
por las fuerzas del orden”. Y a las víctimas de la subversión ideológica como
“jóvenes universitarios y secundarios que, día a día, caen en distintos
enfrentamientos”. El desparpajo para referirse a la matanza es total: los
jóvenes universitarios y secundarios caen “día a día”. Y el subversivo no es
–pudo haber dicho– el que se levanta en armas contra el orden establecido,
contra el honor de la república, contra nuestras tradiciones occidentales,
contra nuestro estilo de vida. No, es el que es “abatido por las
fuerzas del orden”. Sabía lo que decía. Entre 1976 y 1977, en la provincia de
Buenos Aires se mataron miles y miles de personas por motivos erráticos,
caprichosos, paranoicos. O por motivos tan precisos como los que el general
López Aufranc le dijo al empresario Klein en presencia de Emilio Fermín
Mignone, que fue quien contó el acontecimiento. Klein (padre) se le quejó de
una huelga de 23 delegados en Acindar. López Aufranc, que se veía eufórico, le
dijo: “No se preocupe. Están todos bajo tierra”.
Por otra parte, Alfredo Martínez de Hoz había
declarado: “Las guerras sucias nunca se pelean con guantes blancos….Hemos usado
con los terroristas los mismos métodos drásticos que ellos habían empleado.” (
Dossier Secreto de Martín Andersen Página 219)
Es extraño este republicanismo defensor de las
torturas, de los golpes de estado, de los golpes cívicos militares, de las
discriminaciones hacia los sectores populares.
Pero más injustificables son las monsergas de
intelectuales cooptados como Beatriz Sarlo, Marcos Aguinis, Santiago Kovadloff,
Álvaro Abós, periodistas que gustan verse como progresistas y denunciadores
como Gabriel Levinas, predicadores como Carlos Pagni o Pablo Sirven, o
buenos escritores que posan de un equilibrio desequilibrado como Jorge Fernández
Díaz.
Periodistas que ejercen de “independientes” como
Joaquín Morales Solá, nunca han denunciado las infamias de quienes los
contratan. No se le pide que sea un kamikaze, pero entonces que no se
autoproclame independiente porque está mintiendo.
Nadie puede confundirse con
el diario La Nación: son 143 años de patear para el arco contrario al del
país.
26-12-2012
Todos los derechos reservados. Hugo
Presman. Para publicar citar fuente.
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