Cristina elude preguntas elementales con un argumento
de peso: sus enemigos violentan el debido proceso. Juntos por el Cambio no
encuentra incentivos para modificar reglas del juego que le rinden frutos y una
tercera vía se instala en la comodidad del equilibrismo.
Por Sebastián Lacunza
Provista de un mar de pruebas sobre arbitrariedades
judiciales en su contra, Cristina Fernández de Kirchner se habilita ahorrarse
la respuesta a una pregunta. ¿Por qué Lázaro Báez pasó de ser un
ejecutivo bancario a contratista casi excluyente de la obra pública de Santa
Cruz desde el mismo momento en que su amigo Néstor Kirchner se mudó a la Casa
Rosada? Y otra. ¿A una pareja tan obsesiva con los números como los Kirchner,
cómo se les escapó la tortuga con las fortunas acumuladas por Báez, José López
y Ricardo Jaime, producto de sus negocios con y/o desde el Estado?
Las respuestas a dudas tan básicas tampoco surgen de
las dos o tres personas que hablan en nombre de la vicepresidenta. Consultado
por Báez, Andrés Larroque apela a frases multiprocesadas para sugerir que
los cuestionamientos surgen como vendetta de amos y señores de la obra pública
que resistieron un nuevo competidor, como si Techint, Roggio, Odebrecht, Macri
y Eurnekián hubieran dejado de facturar al Estado durante los años del
kirchnerismo.
Los interrogantes que Cristina deja abiertos son
políticos y éticos. También, obviamente, judiciales, pero allí entran a correr
otros requisitos que van más allá de las deducciones del sentido común. Se
necesitan pruebas obtenidas con garantías: Igualdad ante la ley, no ser
juzgado dos veces por el mismo delito, identificación del objeto procesal,
imparcialidad de los jueces, objetividad de los fiscales, exclusión de la
extorsión y el espionaje como herramientas probatorias, respeto al tribunal
natural, etcétera. Allí cambia la ecuación. Tan encandilado por la imagen
que le devolvía el monitor, el fiscal Diego Luciani falló en lo único que no
podía fallar: encontrar la “ruta del dinero K” —cuentas, empresas, propiedades,
fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese
a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles, Panamá y las cámaras ocultas
que se dejó hacer el arrepentido Leonardo Fariña.
El macrismo, conmovido
El martes a las seis de la tarde, mientras el Tribunal
Oral Federal Número 2 de Comodoro Py hacía pública la condena a Cristina, las
carrioístas Mariana Zuvic y Paula “Negrita” Oliveto se hacían filmar conmovidas
frente a la pantalla. El community manager de Franja Morada gugleaba fotos de
Alfonsín e Illia, el ejecutivo del Grupo Clarín Pablo Casey monitoreaba
redes por si hacía falta encargar “alguna notita”, Horacio Rodríguez Larreta
pulía el tuit de manual que reproducirían los medios que lo siguen, el
arrepentido Alejandro Vandenbroele chequeaba las reservas para el hotel en
Mendoza que le montó el Estado y Mauricio Macri extendía la sobremesa en alguno
de los hospedajes seis estrellas que frecuenta.
Javier Iguacel, artífice de la reapertura de la
investigación judicial sobre Báez, celebraba su conquista, a la espera de una
cita más importante en tribunales federales. Techint lo presentó como
testigo en la demanda que el grupo inició contra el Estado por US$ 642
millones, originada en un contrato de extracción de gas orquestado durante el
Gobierno de Cambiemos. La audiencia todavía no tiene fecha.
Es esperable que nadie en la alianza
PRO-UCR-Coalición Cívica reclame garantías procesales en las causas que apuntan
a Cristina. Mediante infinidad de decisiones
—remoción de jueces no controlados, traslados a dedo de sus reemplazantes,
negocios para arrepentir testigos y operaciones de prensa—, esa fuerza cinceló
la red de magistrados, espías y periodistas que reina en Comodoro Py, tan útil
para apuntar a adversarios como para administrar la impunidad de los propios.
La intoxicación de los tribunales
federales no nació con Cambiemos, aunque la potenció mucho más allá de lo
conocido en democracia, al punto de que, si alguien saca los pies del plato,
cae al abismo. Así se explica que los aliados-espiados por la SIDE de Macri se
esmeren en garantizar que los expedientes de la inteligencia ilegal descansen
en Comodoro Py. Profundizar el reclamo equivaldría a autoinculparse.
Ante la expectativa de que un cambio de liderazgo en
la alianza de derecha tenga voluntad y capacidad de modificar las cosas, la
temeridad expuesta por el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo
D’Alessandro, y las gestiones ofrecidas por el fiscal general de la Ciudad,
Juan Mahiques, ante sus amigos de Lago Escondido brindan una respuesta
concluyente.
Equilibrismo
Una tercera vertiente encuentra en las lógicas
sospechas que despierta la relación Báez-Kirchner una razón para ratificar su
preocupación por el equilibrio y la República. Como en la causa Vialidad hubo
un período de instrucción, Cristina pudo designar abogado, los fiscales
acusaron, los defensores replicaron, los testigos declararon, otros jueces
resolvieron recusaciones y habrá instancias de apelación, la Tercera Vía
concluye que “la Justicia” hizo su trabajo: el viaje de los huemules a Lago
Escondido es un oprobio, pero la fortuna de Báez no cierra y Cristina no puede
explicar los negocios en común; por lo tanto, el veredicto es válido. Corea del
Centro parece tratar esos razonamientos como asuntos separados, como si el
vandalismo judicial que se exhibe sin disimulo desde hace años marchara escindido
de la legitimidad de la condena o absolución de un imputado.
La vara queda un poco baja si el debido proceso se
reduce a formalidades en un papel y ausencia de secuestros nocturnos. ¿Hubo
decenas de prisiones arbitrarias en causas serias o inventadas desde que Macri
asumió la presidencia? Sí, pero Báez, Amado Boudou, Jaime y compañía eran
bastante impresentables y el país necesita ejemplaridad.
Con un bisturí analítico peculiar, voces de la Tercera
Vía afirman que Luiz Inácio Lula da Silva fue víctima de las arbitrariedades
del juez Sergio Moro —hasta hace poco, cuando el político brasileño permanecía
en desgracia, lo negaban—, pero el caso de Cristina, encausada principalmente
por Claudio Bonadio y Julián Ercolini, sería muy distinto (?). El jurista
Roberto Gargarella firmó en este medio que el expediente Vialidad se dio en
“pleno respeto de todas las garantías de los acusados”, más allá de las quejas
de Cristina, y que el “excelente trabajo de una minoría de fiscales y jueces”
permitió un “proceso judicial histórico”. “Histórico”, como titularon los
medios que se dejan editar desde Lago Escondido.
¿Qué Justicia?
En la Argentina, hablar de “la Justicia” como sinónimo
de Poder Judicial, específicamente su fuero federal, supone aludir al fiscal
que maquinó con un lumpen cómo plantarle droga al exmarido de su actual pareja,
al camarista que creó una doctrina sobre el “poder residual” exclusivamente
para privar de la libertad a kirchneristas, a su colega que se dejó hacer un
gol de tiro libre pateado por Macri en Los Abrojos, al juez de Casación que
visitaba Olivos horas antes de emitir fallos que le convenían a Cambiemos, al
supremo que aceptó ser designado por decreto y luego se autovotó para presidir
el cuerpo, a su colega de la Corte que falla en causas que atañen a sus
exclientes, al fiscal mencionado por testigos como gestor de la mesa judicial
del macrismo, a la dupla que se dedica sistemáticamente a laudar a favor de la
impunidad de quien los trasladó a dedo a la Cámara Federal, ahorrándoles el concurso
para el puesto... Los etcéteras son infinitos.
Todos ellos tienen entre sus funciones controlarse
mutuamente; en los hechos, ocurre lo contrario. El integrante de Casación
federal Carlos “Coco” Mahiques protegió a su colega Mariano Borinsky por sus
visitas indebidas a Macri en Olivos, y éste protegerá al primero cuando lleguen
las recusaciones por la excursión a la estancia patagónica.
La causa Vialidad aporta sus particularidades al
panorama desolador de Comodoro Py. El hecho de que el juez que instruyó la
causa durante tres años, Ercolini, sea la misma persona que habría tramado
delitos desde Lago Escondido en connivencia con Mahiques padre e hijo, un
funcionario de Larreta y directivos de Clarín exige un alto grado de violencia
intelectual a quienes alaban la “sentencia técnica”, “con base documental”, que
la “Justicia probó” con “indudable imparcialidad”. Si el elogiado tecnicismo
jurídico se refiere sólo a la fase de juicio oral, retorna la violencia
intelectual para creer en la asepsia de un integrante del tribunal y el
enfático Luciani que se tentaron con jugar al fútbol en la quinta de Macri.
En otra vida, Ercolini dispuso que carecía de
competencia para investigar contratos otorgados por la Administración General
de Vialidad de Santa Cruz. Con Macri en la Rosada, consideró lo contrario. No
es objeto de esta nota repasar las fragilidades de la causa. Algunas serán
debatibles, probables artilugios defensivos de los imputados. Tomadas en su
conjunto, conforman un oprobio.
Jugadas maestras
Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la
táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se
dispensan trato de enemigo. El ejemplo paradigmático de ese comportamiento fue
que Néstor Kirchner, pese a que se enojaba con las tapas de Clarín, firmó en
2007 la fusión entre Cablevisión y Multicanal, permitiendo que el volumen del
negocio de la TV paga alcanzara una escala que con los años se demostraría
irreversible.
Cuando se pregunta el porqué de esa recurrencia a
pegarse tiros en el pie, que se traduce en habilitación de negocios, apoyos
políticos a la persona equivocada en muchas provincias y designaciones de
jueces y fiscales que tarde o temprano viajarán a la estancia de Joe Lewis, la
respuesta llega en forma de sonrisa pícara, como si hubiera razones pragmáticas
profundas que quien consulta no entiende.
Los intercambios entre los huemules de Lago Escondido
dejaron en un papel deslucido a un hombre que almorzó con Alberto Fernández
muchos de los días que transcurrieron desde diciembre de 2019 hasta la semana
pasada, incluso en encuentros reservados con personalidades que el Presidente
valora, como el español Felipe González. Hace un mes, sentados a la misma mesa,
Alberto, Felipe y Julián Leunda debatieron sobre la realidad nacional e
internacional.
La ofrenda del asesor presidencial a los directivos de
Clarín y a D’Alessandro para acallar el viaje impúdico a Lago Escondido en los
medios del Grupo Indalo habrá sido otra movida magistral de realpolitik, pero
el chat de Telegram dejó claro el desprecio que generan en el poder real las
actitudes medrosas de quienes buscan agradar desde la vereda kirchnerista.
La saga continúa. Pablo Ibáñez informó en elDiarioAR
que el vehemente ministro de Justicia, Carlos Soria, designado en el cargo por
presión de Cristina, excluyó a Casey, sobrino de Héctor Magnetto, de la
denuncia penal por el viaje a Lago Escondido. El resto de los excursionistas,
incluido el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, fueron debidamente
apuntados en la presentación penal del ministro. Razones insondables en
continuado.
Escarmiento
La venalidad y la mediocridad forman parte de la lucha
política desde siempre, pero la descomposición absoluta de Comodoro Py
representa un desafío de otro orden. Primero, desde una perspectiva de derechos
humanos: entre muchos valores vulnerados, está en juego la libertad de las
personas. Luis D’Elía, Carlos Zannini, Fernando Esteche y otros pasaron años en
la cárcel por la causa del Memorándum con Irán, originada en la fraudulenta
denuncia de Alberto Nisman de enero de 2015, por citar uno de los casos más
flagrantes en los que Comodoro Py violentó todas las garantías procesales. Como
recordó esta semana Javier Timerman, su hermano Héctor Timerman dedicó los
últimos esfuerzos de su vida a defenderse de esa acusación basada sobre la
tergiversación flagrante de un audio obtenido de forma ilegal. Una vez más,
cabe recordar que no importa la simpatía o antipatía que genere el imputado
para saber que no debe ir preso si la ley no lo estipula, y menos si median
métodos espurios como los validados por Claudio Bonadio, la Cámara y la
Casación.
En segundo lugar, estos tribunales federales intoxican
el funcionamiento del sistema. No resulta inocuo, por su impacto en la opinión
pública, la repercusión internacional, el poder inhibitorio sobre las personas
y el veto implícito a determinadas políticas, que Cristina sea condenada con
estos procedimientos y Macri elija desde qué palco verá el Mundial de Qatar.
Queda configurada una cancha inclinada que distorsiona el juego democrático.
La casta que mueve los hilos de Comodoro Py se dedica
a garantizar su supervivencia mediante la administración de persecución e
impunidad. Mientras ese sistema siga en pie, la democracia argentina
permanecerá condicionada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario