*Leído por Diana Malamud
Hoy, 18 de julio de 2017, se cumplen 23 años
  del atentado contra la sede de la AMIA. 23 años de la masacre. 23 años desde
  ese día terrible en que nos arrebataron a nuestros seres queridos. 23 años
  desde el día en que los asesinaron. 23 años sin ellos. 
Y se cumplen también 23 años de lucha para
  obtener justicia. Y se cumplen también 23 años de impunidad. 
A 23 años del asesinato de nuestros
  familiares y amigos en la AMIA, Memoria Activa vuelve a decir presente. Como
  cada año, decimos presente para denunciar la impunidad, esa impunidad que
  crece y engorda con cada acción e inacción de los responsables de investigar
  quién los mató. Y que sigue viva, y se expande, con cada acción e inacción de
  los que se encargaron del encubrimiento. 
Durante 23 años, año tras año decimos
  presente para denunciar la trama de la impunidad. 
Presente para denunciar lo que está pasando.
  Presente porque tenemos derecho a la justicia 
Hace unos días se analizó una muestra de ADN
  que no corresponde a ninguno de los 85 muertos en AMIA. 
Recién el año pasado se puso nombre y
  apellido a la víctima 85. 
¿Cómo es posible que hayan tardado 23 años
  en realizar las pruebas de ADN que Memoria Activa solicitó una y otra vez,
  durante años? 
¿Cómo es posible que hubiera muestras de ADN
  que no fueron cotejadas con nada? Y baldes con pruebas forenses tirados en la
  morgue judicial. 
¿Cómo es posible que recién ahora estén
  haciendo a conciencia la reconstrucción del atentado? 
Tengamos en cuenta que estamos hablando 23
  años después. Tengamos en cuenta que estamos hablando de nuestro derecho a la
  justicia 
Lo que queda claro es lo que venimos
  denunciando hace 23 años: que nadie investigó nada. 
¿Qué hicieron Galeano, sus secretarios, y
  los ex fiscales Mullen y Barbaccia durante 11 años?
  
¿Qué hizo Nisman y su fiscalía con casi 50
  personas durante 10 años? No hicieron nada. 
Nos hemos cansado de repetir esto, pero
  creemos que aún es necesario, porque no deja de sorprendernos. ¿Cuánta
  impericia, cuánta desidia, cuánta complicidad pudo haber habido para no
  investigar nada? ¿Cuantos intereses qué van más allá de lo que podemos
  imaginar? 
¿Qué perseguían todos los responsables de
  investigar? ¿Por qué no lo hicieron? 
¿Por qué Galeano armó una causa falsa para
  no encontrar a los verdaderos culpables? 
¿Por qué Nisman no avanzó en nada de nada? 
¿Qué perseguía el gobierno de Menem al dejar
  el atentado en total impunidad? ¿Por qué la dirigencia comunitaria judía
  avaló y acompañó el encubrimiento? 
Cada audiencia del juicio por encubrimiento
  escuchamos a algunos de estos encubridores reconocer, a pesar suyo, el
  desastre que son y que hicieron. 
Tengamos en cuenta que estamos hablando 23
  años después. 
Tengamos en cuenta que estamos hablando de
  nuestro derecho a la justicia 
Hablemos del juicio por encubrimiento. 
Juicio que nos costó 12 años de lucha. Los
  primeros 5 años la causa la cajoneó el juez Bonadío, hasta que logramos que
  sea apartado. Luego, fue elevada por el juez Lijo a juicio oral. 
Se demoró dos años en conformar un tribunal
  oral, ya que 13 jueces se excusaron, alegando que eran primos, compadres o
  padrinos de la gran cofradía judicial. 
Recordemos quiénes son los imputados y de
  qué se los imputa: Carlos Menem, ex presidente de la Nación; Hugo Anzorreguy,
  ex secretario de Inteligencia del Estado; Juan José Galeano, ex juez de la
  causa; Eamon Mullen y José Barbaccia,
  ex fiscales del caso; Rubén Beraja, ex presidente
  de la DAIA; Juan Carlos Anchezar, ex subsecretario
  de la SIDE; Patricio Finnen, ex agente de la SIDE;
  Carlos Castañeda y Jorge Fino Palacios, ex comisarios de la Federal; Víctor Stinfale, abogado de Telleldín;
  Carlos Telleldín, último poseedor de la Trafic y Ana Boragni, pareja de
  este último. 
Recordemos que estamos hablando de que
  existieron maniobras de encubrimiento desde lo más alto del poder para cerrar
  la causa AMIA con culpables falsos. Recordemos que hicieron todo lo que
  estaba a su alcance para que jamás sepamos quiénes, cómo y por qué volaron la
  AMIA. 
Recordemos que se los acusa de haber
  instigado el encubrimiento, de abuso de autoridad, falsedad ideológica,
  peculado, desvío de pistas, pagar para desviar la investigación, privación
  abusiva de la libertad, coacción, prevaricato, brindar aporte funcional para
  consolidar la cobertura de maniobras ilícitas, y recordemos además que
  quemaron pruebas, apretaron testigos, hicieron desaparecer los 66 casetes con
  las escuchas a Telleldín, mandaron los escombros de
  AMIA al relleno del Río de la Plata. 
Y recordemos, aún sigue en trámite una
  segunda parte del encubrimiento que incluye a los ex secretarios del juzgado
  de Galeano, entre otros. 
Pese a todas las maniobras y a los apoyos
  que recibieron, finalmente, el día 6 de agosto de 2015, logramos que el
  juicio por encubrimiento al atentado a la Amia dé inicio. Cuatro meses
  después, hubo un cambio de gobierno. 
Inmediatamente de asumir la presidencia de
  la Nación, el presidente Macri le da rango de Secretaría a la Unidad AMIA del
  Ministerio de Justicia, y pone a Mario Cimadevilla a cargo de la misma. Esta
  medida, que pensamos promisoria, resultó lo contrario. 
Esta Secretaría propone el juicio en
  ausencia de los iraníes imputados en la causa. Como denunciamos el año
  pasado, un juicio en ausencia que condene a seres invisibles, no proporciona
  verdad ni justicia. 
El juicio en ausencia, avalado también por
  el Ministro de Justicia Germán Garavano, es un
  nuevo armado con la finalidad de cerrar la causa AMIA sin ningún preso ni
  responsable. 
Para peor Macri acaba de firmar el decreto
  229 por medio del cual van a quedarse con toda la información de inteligencia
  de la causa AMIA, con el objetivo de impedir la tarea investigativa que los
  fiscales y el equipo Gerard de la fiscalía están llevando a cabo. Quieren
  impedir que las partes tengamos acceso a esa información. ¿Qué nos ocultan?
  ¿Qué no quieren que se sepa? ¿A qué le temen? No quieren que se descubra
  nada. 
El Poder Ejecutivo, a través del Ministro de
  Justicia y la Secretaría AMIA, no solo intenta cerrar la causa principal
  AMIA. Se propone también salvar a los imputados, amigos del poder, en el
  juicio por encubrimiento. 
En marzo de este año, los abogados
  querellantes que representaban al Estado a través del Ministerio de Justicia,
  renunciaron a sus cargos. Los doctores Mariana Stilman
  y Ezequiel Strajman declararon que su renuncia se
  debió a las instrucciones del Ministro de Justicia, para que se actúe menos
  activamente en ese proceso judicial. La letrada denunció: “Los cambios
  ordenados en nuestra querella están directamente relacionados con el criterio
  disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener
  esta parte acusadora. Considerando la suscripta que dicho rol debe ser suficientemente
  activo como para llegar a la verdad de los hechos investigados, plagados de
  numerosas irregularidades cometidas – 20 años atrás – por funcionarios del
  gobierno y judiciales. Entiendo que, de lo contrario, podría generarse la
  defensa de intereses opuestos.” 
Este gobierno ordenó a sus abogados que
  dejaran de trabajar para obtener justicia. 
Si esto no es encubrimiento, que alguien nos
  explique qué es. 
Denunciamos que el gobierno del presidente
  Macri intenta, por medio de todas estas medidas, perpetuar la impunidad. 
Tengamos en cuenta que estamos hablando 23
  años después. 
Tengamos en cuenta que estamos hablando de
  nuestro derecho a la justicia 
Tengamos en cuenta que seguiremos adelante
  con la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y
  esperamos ver al Estado Nacional en el banquillo de los acusados ante la
  Corte Interamericana de San José de Costa Rica por no haber cumplido los
  compromisos asumidos. 
No cumplieron, no cumplen. 
Tengamos en cuenta que estamos hablando 23
  años después. 
Esperamos condenas ejemplares para todos los
  encubridores que hoy están acusados. 
Esperamos que el Tribunal Oral Federal Nº2
  imparta justicia, con todo lo que eso implica. 
Esperamos que haya condenas que sirvan para
  demostrar que no se puede hacer cualquier cosa sin consecuencias. 
23 años después es muy difícil explicar el
  irreparable daño que el Estado argentino les infringió a las víctimas de este
  macabro atentado, los muertos, los heridos, a los familiares y amigos, a la
  sociedad toda, por la falta de protección, por la denegación de un derecho
  tan básico, tan elemental pero tan importante, nuestro derecho a la justicia.
  
Difícil saber lo que son las vidas marcadas
  por tanto horror y tanta impunidad, aunque sigamos adelante y estemos de pie,
  siempre de pie gritando y exigiendo y enfrentando tanto vericueto judicial,
  tanta malicia, soberbia e impericia, tantos intereses que impiden la verdad y
  la justicia. 
Estamos y estaremos atentos, atentos y
  presentes. 
Estaremos atentos y seguiremos exigiendo lo
  que es nuestro derecho: verdad y justicia. 



 
 
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