Ricardo Lorenzetti es un aprendiz de político con pretensiones presidenciales. Hábilmente accedió a la presidencia de la Suprema Corte, revelándose un hombre astuto y pragmático. Tal vez exageradamente pragmático en función de las características del cargo que ocupa, que incluye un eventual cargo sucesorio a Presidente de la Nación en medio de una catástrofe institucional. Sucedió al cortesano Enrique Petracchi en la cúspide de la pirámide jurídica. Equilibrista consumado, comprendió que sus posibilidades políticas están en el poskirchnerismo, por lo cual una buena relación con el poder económico y mediático es imprescindible. De sus épocas de exitoso abogado en Rafaela, hay algunos testimonios que precisamente no alaban su trayectoria: en una investigación del respetado periodista Carlos del Frade, quien la publicó como una nota y luego fue libro, quedaron plasmados algunos en los que se expone a Lorenzetti como el abogado de las prepagas del Pami -aquellas que saquearon la obra social más importante de la Argentina- y a quien califica de “abogado carancho”. Publicada la nota en el portal “Postales del Sur”, se comunicó con el periodista el secretario de Lorenzetti, quien le propuso una reunión en la que el supremo le propuso no seguir con el tema a cambio de una recompensa de 40.000 dólares, cifra que apareció cinco veces en la conversación. Todo esto lo consigna el periodista del Frade en un video que puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=VGLuFyn23g0, del 7-7-2011.
El
artículo 114 de la Constitución Nacional de 1994 que dice: “El
Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su
cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder
Judicial……Serán sus atribuciones….: Administrar los
recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de
justicia.”
Sin
embargo ese mandato constitucional nunca pudo tornarse operativo, ya que ese
atributo lo ejerce efectivamente la Suprema Corte de Justicia; y cuando el
gobierno intentó legislar para dar cumplimiento efectivo a esa norma
constitucional, Ricardo Lorenzetti procedió según da cuenta el relato del
equilibrado analista Mario Wainfeld aparecido
en Página 12 del 28 de abril: “Los
jueces integran la Junta Nacional de Presidentes de las Cámaras Nacionales y
Federales. “La Junta”, que así la llamaremos en lo sucesivo, no es un organismo
previsto en la Constitución ni en ninguna ley. No posee, por ende, facultades
judiciales específicas. La creó Lorenzetti y sus prácticas versan sobre
cuestiones de ordenamiento interno (superintendencia, en jerga), también sobre
la relación con las obras sociales. Suele reunirse una vez al mes, la Corte se hace
cargo de los pasajes de los jueces
asentados en el interior. Su presidente es Gustavo Hornos, que también lo es de
la Cámara Federal de Casación Penal. Hornos
le entregó a Lorenzetti una carta firmada por amplia mayoría de los miembros de
la Junta, no por todos. La misiva es conocida por el lector asiduo de los
diarios, por lo que diremos lo mínimo. Presentaba una serie de reclamos y
críticas respecto de los proyectos para “Democratizar la Justicia” enviados por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Congreso. Lorenzetti la
recibió, prometió estudiarla, luego le habló a la concurrencia. Elogió al
conjunto (incluyendo a la Corte) y se encargó de que colaboradores suyos les
comunicaran la holgada situación presupuestaria del Máximo Tribunal y de su
obra social. Sobre ésta, se comentó que su solvencia es tan grande que podría
cubrir todos sus gastos por un año, aun sin recibir un peso en ese lapso. Luego,
la carta siguió un periplo y sufrió recortes, también divulgados en estos días.
Lo interesante, el centro de esta
nota, es que Lorenzetti mismo había redactado la carta que recibió, con pompa y
circunstancia.
El Supremo se la envió a Hornos, quien la
circuló entre sus pares como si fuera de su personal autoría. Luego se vio
obligado a reconocer la fuente y a pedir reserva a los demás camaristas.
No
es la primera vez que Lorenzetti, un político hábil y hasta florentino, apela a
esa carambola. En su momento, Página/12 informó que junto a su colega Juan
Carlos Maqueda fue el real escriba de una carta indignada suscripta (esa vez)
por organismos representativos del Poder Judicial y un puñado de sellos de
goma. Su texto indignado y desafiante se arrogaba la representación de todo el
Poder Judicial. Eso motivó el nacimiento de “Justicia legítima”, un colectivo
de jueces, secretarios, fiscales y defensores oficiales que no se vieron
representados en la diatriba. Y entraron en escena con una solicitada en la que
(a diferencia de la precocinada por Lorenzetti) firmaron con nombre y
apellido.”
EL RUMOR
COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
Ahora
Lorenzetti hace trascender que tanto él como sus hijos, estaría siendo
investigado impositivamente, pero sin exhibir el documento que constituye el
punto de inicio de cualquier procedimiento, tal es un requerimiento
impositivo por el que se notifica al contribuyente que está sujeto a
investigación. No sólo lo hizo trascender, sino que en forma ostentosa la
denomina persecución. La Corte, llevada al ridículo por su Presidente, emitió
el siguiente comunicado: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación
informa que se ha reunido en el día de la fecha (27-06-2013). Ha analizado la
situación expuesta por su presidente en el acuerdo del pasado martes vinculada
a una investigación de la AFIP. La Corte encomendó a funcionarios del Tribunal
que se reunieran con representantes de la AFIP para aclarar la situación. Se
informa que no se realizarán declaraciones públicas al respecto. Firman:
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos
Maqueda y Carmen Argibay”
El diputado del GEN-FAP, Omar Duclós, presentó un proyecto
en el Congreso para que "se convoque de urgencia" a Echegaray. Francisco
De Narváez también se refirió al episodio y manifestó que si la AFIP sale a
“hacer inspecciones de los miembros de la Corte me parece
peligrosísimo; la
inefable Patricia Bullrich pidió la renuncia de Ricardo Echegaray; el titular del radicalismo, Mario Barletta,
dijo que el Gobierno “está desaforado y no reconoce límites” y cuestionó
al kirchnerismo porque “no les alcanzó con pergeñar un trasnochado e
inconstitucional proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura,
que ahora intenta, por la fuerza de la intimidación y la persecución, apretar
al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti utilizando a la
AFIP”.
El periodista Nelson Castro, que toma la
información de los medios dominantes de los que es empleado como si fuera un
sacramento para un católico, dio crédito y potenció la persecución a Lorenzetti. Éste a través de
su periodista amigo Joaquín Morales Solá hizo trascender en La Nación del 26 de
junio bajo el título “La Corte y el Gobierno, en su peor momento” que: “ Nunca,
en 30 años, recibí una intimación de la AFIP y jamás fui investigado por
ninguna oficina impositiva” . El Presidente de la Corte aseveró que pagó
siempre en tiempo y forma todos sus impuestos” Si es así, cual es el problema
que tanto preocupa al Supremo, abriendo el paraguas cuando no llueve. El autor
de esta nota es contador público con más de cuarenta años de ejercicio de la
profesión, y a diferencia de Lorenzetti, lo que le llama la atención es que una
persona con el nivel de ingresos de un exitosísimo abogado en Santa Fe no haya recibido un requerimiento en tres
décadas.
Y si bien como Supremo está exento de pagar
el Impuestos a las Ganancias, sí debe tributar bienes personales.
Tampoco se
entiende que su situación privilegiada impositiva se extienda a miembros de su
familia.
La
ofensiva contra el gobierno defendiendo a Lorenzetti de “la persecución”, la continúa La Nación que el domingo 30 de
junio publica un editorial con el título “1923”, continuación tan lamentable
como el titulado “1933”del 27 de mayo.
Si ahí se asemejaba la actual situación al
avance del nazismo, ahora se retrocede una década y se la sitúa con el asalto
al poder del fascismo. Sin el menor temor al
ridículo, se escribe después de narrar las tropelías deleznables del régimen de
Mussolini que se la identifica con intenciones del gobierno de Cristina
Fernández : “Desde el tendido de redes clientelistas hasta el exagerado culto a la
personalidad del líder; las persecuciones de figuras opositoras o
independientes a través de aparatos de inteligencia estatal o de la agencia
recaudadora de impuestos; los ataques a periodistas y la adopción de medidas
gubernamentales orientadas a perjudicar económicamente a medios de prensa
críticos del oficialismo; el falseamiento de estadísticas oficiales; la
persecución de empresas consultoras que miden la inflación con criterios
científicos y por lo tanto más realistas que los oficiales; el sometimiento al
escarnio público de ciudadanos y empresarios que osan cuestionar las políticas
del Gobierno; el avasallamiento de la división de poderes y los arteros ataques
al Poder Judicial son algunos claros ejemplos de un pensamiento totalitario con
raíces fascistas.” Esto lo escribe el diario que si se
lo estruja, no sale tinta sino una hemorragia de sangre.
En
la misma línea, el mismo día Morales Solá insiste: “Otra cosa, mucho
más grave, es el acoso a la Corte Suprema, porque significa el desbordamiento
de un estilo político y la ruptura en los hechos del orden político y
constitucional. En el pasado fin de semana largo, el presidente de la Corte,
Ricardo Lorenzetti, se enteró en su natal Rafaela, en Santa Fe, que la AFIP
había ordenado desde Buenos Aires el análisis meticuloso de todas sus
declaraciones juradas, las de sus dos hijos (sobre todo, la del mayor, un
abogado de 29 años que se puso al frente del estudio jurídico familiar) y del
director general de administración de la Corte, Héctor Marchi, también de
Rafaela. Lorenzetti presentó en Rafaela sus declaraciones juradas impositivas
desde 1980. Nunca antes, aseguran a su lado, había tenido ninguna sospecha ni
alerta de pesquisas impositivas sobre su persona.
El lunes volvió preocupado a su
despacho. El caso exponía una persecución personal que iba más allá de
cualquier vaticinio previo a la resolución del tribunal que derrumbó la reforma
cristinista al Consejo de la Magistratura. La Corte había hecho una evaluación
de las consecuencias de esa decisión, pero se esperaban respuestas políticas,
no personales. El martes, Lorenzetti contó la novedad al resto de los jueces de
la Corte. Sus colegas le pidieron que hiciera una advertencia directa a la
Presidenta, porque el caso podía terminar en un mayúsculo escándalo
institucional”
LORENZETTI DESCARRILA
Entre legitimas aspiraciones
políticas, ardides pasados y zancadillas actuales basados en rumores indignos
de un juez de la máxima institución judicial, su intento de hacer equilibrio
entre su ubicación presente y sus objetivos futuros, sus compromisos con un
medio dominante y el escándalo que sería ir contra lo ya expresado por la Corte
sobre la constitucionalidad de la ley de Medios, la protección con argumentos
extremados al ridículo que le brinda la “Tribuna de Doctrina”, con todo ese
aval, Lorenzetti se bambolea y descarrila.
29-06-2013
Todos los derechos reservados. Hugo Presman. Para publicar citar
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